Edita: Cristianisme i Justícia
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ISSN: 2014-6574
Dibujo de la portada: Ignasi Flores
Edición: Anna Pérez i Mir
Traducción: Núria Garcia Caldés
Maquetación: Pilar Rubio Tugas
Septiembre 2017

Este cuaderno no habría sido posible sin el trabajo realizado durante los últimos cuatro años en el seno de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària (www.fiscalitatjusta.cat). La Plataforma agrupa más de una veintena de entidades y personas individuales preocupadas por nuestro sistema fiscal y el modelo de sociedad que de él se deriva. A todos los que forman parte de la Plataforma, mi agradecimiento más profundo.

Xavier Casanovas, licenciado en Matemáticas y máster en Administración de empresas. Coordinador de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària. Director de Cristianisme i Justícia.

1 Fiscalidad y modelo de sociedad

Hablar de impuestos no es fácil. Todo el mundo los paga, pero no gozan de buena fama. ¿Pagamos demasiado? ¿Son útiles de verdad o nos los podríamos ahorrar? ¿Están bien distribuidos? ¿Tiene sentido que yo pague impuestos cuando parece que hay tanta corrupción? ¿Y los Estados, hacen lo suficiente para luchar contra el fraude fiscal? Son preguntas que nos hacemos a menudo. Y lo cierto es que vamos hacia sociedades en las que los más ricos se escapan fácilmente cuando se trata de pagar, los pobres no pagan porque no pueden y el Estado del bienestar es sostenido mayoritariamente por las rentas del trabajo y del consumo. Unas sociedades en las que los Estados, temerosos y con pocas herramientas a su alcance, claudican reduciendo los impuestos o simplemente utilizándolos como un reclamo ante la amenaza constante de deslocalización de la riqueza y de un capital que impone sus reglas del juego. ¿Es la progresiva desaparición y el poco control democrático el único destino posible de nuestros impuestos? ¿O tiene sentido trabajar por una fiscalidad más justa, con el objetivo de construir sociedades más solidarias?

Cristianisme i Justícia dedicó un cuaderno (el núm. 36) a esta cuestión. Escrito en los años noventa y titulado ¿Pagar los impuestos…?,¹ abordaba las tensiones generadas y las cuestiones pendientes de un sistema fiscal español naciente, no consolidado y con necesidad de acercarse al marco europeo. Es significativo que hayamos tardado veintisiete años en volver a hablar del tema. La cuestión fiscal se ha situado durante mucho tiempo fuera del debate político y social, y solo los últimos años, con el impacto de la crisis económica y el descalabro de la globalización, volvemos a poner el foco en esta cuestión clave para el sostenimiento de nuestros Estados del bienestar.

1.1 España como “ejemplo”

El crecimiento de la economía durante los años 2000-2007 llevó a países como España a incrementos anuales del PIB superiores al 3 %. Esto permitió, por un lado, un notable aumento de la recaudación impositiva y, por otro, la instalación progresiva, incluso entre algunos partidos de izquierda, del discurso sobre la necesidad y bondad de rebajar impuestos.² Con la llegada de la crisis financiera global en el año 2008 y los siguientes, de clara recesión económica, se inició un ciclo de déficit en las balanzas públicas que nos cogió completamente desprevenidos. Los países con políticas fiscales mal diseñadas vieron como sus ingresos públicos caían y el déficit crecía cada vez más. El caso español fue especialmente grave. Con una caída del PIB de un 5,1 % en el periodo de 2007 a 2013, España vio como sus ingresos públicos caían el doble, un 10,6 %.³ Para reducir el déficit, en 2010 se inició un ciclo ‒en la mayoría de países del sur de Europa‒ tutelado por la famosa “troica”, con recetas de austeridad y fuertes recortes que recayeron sobre un sistema público y un Estado del bienestar ya de por sí débiles.

La sociedad civil empezó a movilizarse exigiendo mantener el gasto social y reclamando acabar con los recortes poniendo el foco especialmente en la parte de los presupuestos relativa al gasto. Para justificar estas decisiones de recortes se instaló un discurso político y mediático bien conocido: «Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», «Tenemos un Estado del bienestar que no nos podemos permitir».⁴

Algunas organizaciones, sin embargo, decidieron fijarse en la otra cara de la moneda de los presupuestos públicos, la parte de los ingresos. Si de nuevo tomamos a España como “ejemplo”, señalaremos un dato claramente significativo: si estamos aún lejos de la media de la UE de los 15 por lo que respecta al gasto público (4,6 puntos por debajo, con un gasto equivalente al 43,3 % del PIB, mientras que la media de la UE es del 47,9 %), aún lo estamos más en lo que respecta a los ingresos (7,3 puntos por debajo, con unos ingresos públicos del 38,2 % frente al 45,5 % de ingresos en la UE).⁵

¿La dificultad de financiación de nuestro Estado del bienestar es, pues, un problema de gasto o un problema de ingresos? ¿Hay que continuar pasando la tijera al gasto público o debemos estudiar cómo podemos ingresar más y mejor? Aunque somos plenamente conscientes de la importancia de un buen gobierno en las políticas de gasto, y de algunas barbaridades hechas con dinero público, en este cuaderno queremos poner el acento en el problema de los ingresos. Un problema fruto de una mala definición de las políticas fiscales y del interés por imponer, como afirma el catedrático de Hacienda pública Ignacio Zubiri,⁶ un modelo concreto de sociedad, basado no en el esfuerzo y la responsabilidad colectiva sino en una ética de la responsabilidad individual y del “sálvese quien pueda”.

1.2 ¿Qué modelo de sociedad queremos?

Una de las razones que ha contribuido a alejar a la ciudadanía de los debates políticos tiene que ver con la tecnificación del lenguaje en algunas cuestiones determinadas. Esto es lo que ocurre precisamente con los impuestos. Esta tecnificación se suma a la complejidad de nuestro sistema fiscal, y los dos factores dejan todo el debate en manos de personas expertas que centran la construcción del mejor sistema fiscal en un problema de eficiencia, como si en conjunto se tratara de una ecuación matemática de la que hay que buscar una solución óptima. Pero ¿debería ser así? Ante la pregunta: ¿Cuál es el nivel óptimo de impuestos?, la respuesta es que no existe: óptimo será lo que permita cubrir el gasto público que se desee tener. ¿Y cuáles, pues, el gasto público óptimo? Esta es una discusión política, y es necesario responderla en términos políticos y no solo económicos o jurídicos.

En la base del debate por un sistema fiscal justo encontramos el debate por el modelo de sociedad que queremos y tenemos que escoger entre dos propuestas. La primera es el modelo que ha venido a ser el europeo que conocemos de las últimas décadas, un modelo caro fiscalmente y que podríamos llamar de “fondo común”, basado en criterios de responsabilidad colectiva que intenta garantizar la igualdad de resultados, un modelo con un suelo mínimo sobre el cual podemos construir un proyecto vital: educación universal y gratuita, salud garantizada, servicios sociales mínimos. Y un segundo modelo que podríamos asimilar al modelo social anglosajón o americano, un modelo fiscalmente barato, de pura responsabilidad individual, con mucha menos red de apoyo, en el que se garantiza los mínimos que permitan una cierta igualdad de oportunidades, pero en ningún momento hará falta la igualdad de resultados; un modelo en el que aquellos que caen al margen del camino no son recogidos por nadie.

Primero deberemos decidir cuál es el modelo de sociedad que queremos y a continuación construir un sistema fiscal que permita hacer sostenible este modelo, y nunca al revés. De nuevo, como afirma I. Zubiri: «Si se desea un Estado del bienestar amplio el primer requisito es, por lo tanto, un sistema fiscal con capacidad recaudatoria sustancial. Para que eso sea posible, por un lado deberíamos disponer de un sistema fiscal bien diseñado (sin agujeros) y gestionado (sin fraude) y, por el otro, que este sea percibido como justo por los contribuyentes. De no ser así, los contribuyentes que puedan evitarán pagar impuestos y los que no puedan hacerlo reclamarán que se rebajen».⁷

1.3 ¿Para qué sirven los impuestos?

Merece la pena que hagamos una pausa en este punto y nos formulemos de nuevo una pregunta: si los impuestos tienen tan mala fama, si tienen una aceptación política tan baja y funcionan a la contra desde un punto de vista electoral, ¿para qué los queremos? ¿Son realmente necesarios?

El sistema fiscal tiene un único sentido: dotar de recursos al Estado para que pueda llevar a cabo sus políticas públicas. En una economía social de mercado se espera que el Estado tenga capacidad de acción simplemente porque sabemos que a menudo el mercado se equivoca, y al mismo tiempo la iniciativa privada no llega siempre donde debería. Son tres las funciones principales que le pedimos. En primer lugar, una función asignativa: queremos que el Estado destine recursos allá donde la iniciativa privada no llega ‒recogida de residuos, alumbrado público, etc.‒, o que el Estado pueda intervenir donde el mercado genera monopolios. Una segunda función sería la redistributiva: el mercado distribuye la riqueza pero no lo hace de manera equitativa, y el Estado debe corregirlo haciendo llegar recursos donde se necesitan; eso lo hace dotándonos de una educación pública y universal, de una sanidad, o directamente a través de transferencias directas a los grupos más desfavorecidos. Por último, esperamos de las políticas públicas una función estabilizadora; es decir que, según el ciclo económico, se actúe o bien enfriando la economía en momentos altamente volátiles o bien estimulándola en tiempos de recesión. Bajo un principio de bien común, hay que dotar a la administración de recursos.

Si estamos de acuerdo en el hecho de que es necesario que nos dotemos de unos impuestos, ¿qué características debería tener el mejor sistema fiscal posible?

La profesora Maite Vilalta enumera seis características básicas.⁸ Primeramente, es necesario que sea un sistema suficiente, es decir, que definamos unos impuestos que graben bases lo bastante amplias como para financiar lo que queremos. No podemos pretender pagar la sanidad pública solamente poniendo un impuesto sobre el tabaco; habrá que grabar la renta o el consumo para obtener recursos suficientes. También es necesario que sea un sistema equitativo, es decir, que a igualdad de rentas el sistema fiscal te trate de la misma forma: si mi vecino gana la misma cantidad que yo con los rendimientos de su ahorro deberá contribuir de la misma forma que yo, que gano esa misma cantidad a través de la renta de mi trabajo (y esto no pasa actualmente, lo veremos más adelante). Una tercera característica es que sea eficiente, es decir, que la distorsión que el impuesto genera en el mercado no tenga efectos no deseados: si, por ejemplo, establecemos un impuesto demasiado alto a las rentas de trabajo podemos acabar provocando que la gente no quiera trabajar más a partir de un determinado sueldo. En cuarto lugar, es necesario que sea sencillo administrativamente: hay que facilitar al máximo su pago y al mismo tiempo es necesario que el coste de implementar el impuesto no sea más elevado que lo que estamos recaudando. Igualmente es deseable que sea perceptible por la ciudadanía, debemos hacer evidente la relación entre lo que contribuimos y lo que recibimos a cambio, y de este modo generaremos más confianza y voluntad de pago. Y, finalmente, es necesario que sea flexible, es decir, que se adapte bien a los distintos ciclos económicos.

1.4 Los impuestos: en el centro del debate político

De tener en cuenta estas características y respetarlas, cabría situar en el centro del debate político la definición final del sistema fiscal junto con el modelo de sociedad que deseamos. Pero eso, desgraciadamente, no es así. Los impuestos son utilizados a menudo de manera electoralista, la mayoría de las veces con una actitud muy irresponsable, generando una gran confusión entre el debate técnico y el debate político, y convirtiéndolos en moneda de cambio electoral.

Cuando se acercan elecciones se anuncian bajadas impositivas. Una rebaja en el IRPF da la sensación de aumento salarial y por lo tanto de más “euforia económica”. Por contra, una vez en el gobierno, los partidos, sean del color que sean, y contrariamente a lo que han anunciado en campaña, viendo la dificultad para hacer frente al déficit, ejecutan pequeñas reformas fiscales para subir los impuestos y aumentar la recaudación. Y así hasta que empieza un nuevo ciclo electoral.

Todo ello provoca una gran desafección ciudadana hacia el sistema impositivo y da la sensación de que no hay una apuesta clara por un modelo social concreto, ni una relación directa entre lo que se quiere hacer políticamente y los recursos necesarios para hacerlo.

2 Desigualdad y fiscalidad

Hemos entendido, pues, que los impuestos no son un fin en sí mismo sino un medio que ha de permitirnos construir sociedades más justas. El objetivo no es, por lo tanto, el afán recaudatorio para engordar al Estado tanto como se pueda, sino tener la capacidad de incidir, con políticas redistributivas, en el combate actual contra el aumento de las desigualdades. Actualmente, la reducción de la desigualdad forma parte de la agenda internacional de gobiernos y entidades civiles. Los ODS, objetivos de desarrollo sostenible, acordados por la ONU el año 2015 como prioridades estratégicas a abordar globalmente hasta 2030, señalan en su objetivo número 10: «Reducir la desigualdad entre los países y dentro de estos». Hay que tener en cuenta que entre los años 1990 y 2010 «la desigualdad de los ingresos aumentó un 11 % en los países en desarrollo, de tal manera que la gran mayoría de los hogares en los países en desarrollo ‒más del 75 % de la población‒ se encuentran hoy día en sociedades en las que los ingresos se distribuyen de manera mucho más desigual que en la década de 1990».⁹

La literatura económica de los últimos años es prolífica para explicar las causas de esta desigualdad y las consecuencias que tiene en nuestra sociedad y economía. J. Stiglitz, en El precio de la desigualdad: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita ¹⁰, explica la tendencia que tiene el mercado a crear oligopolios y acumular la riqueza en unas pocas manos, y cómo las políticas de gobiernos e instituciones mundiales son propensas a acentuar esa misma tendencia. De ello deduce que la desigualdad es nociva para el propio sistema económico, porque impide el crecimiento y pone en peligro la democracia. También P. Krugman, otro premio Nobel, en sus artículos en el New York Times se refiere al incremento desmesurado de las desigualdades que se ha producido sobre todo en los EEUU como “la gran divergencia”.

Desde el inicio de la crisis en España el número de ricos¹¹ ‒los que tienen más de un millón de dólares excluyendo la vivienda principal‒ ha crecido un 40 %, y al mismo tiempo ha aumentado el número de personas que se sitúan bajo el umbral de la pobreza ‒una de cada cuatro‒ y las que no pueden cubrir las necesidades más básicas. Altos cargos y consejeros de las empresas del IBEX 35 tienen rentas 104 veces superiores a la renta media de su empresa. El 2013, “solo” lo eran 74 veces más.¹² Quienes advierten contra esta desigualdad no son solo las entidades sociales sino el propio Fondo Monetario Internacional, cuando en sus informes asegura que: «El auténtico motor del crecimiento económico es la mejora de las condiciones de vida de las personas pobres y de la clase media».¹³

Las vías para luchar contra esta desigualdad son dos. Las medidas que llamamos “predistributivas” ‒y que actúan antes de que el mercado distribuya la riqueza, como son las políticas laborales, los salarios mínimos, los programas ocupacionales, etc.‒ y las medidas “redistributivas”, que actúan una vez el mercado ya ha distribuido la riqueza y que intentan paliar sus efectos negativos. Para financiar estas últimas medidas la fiscalidad tiene un papel clave. Así pues, resulta evidente la necesidad de un sistema fiscal justo que permita combatir las desigualdades que el sistema económico genera en la actualidad. Pero ¿podemos afirmar que nuestro sistema fiscal ayuda a corregir las desigualdades?

2.1 Un sistema fiscal cada vez más regresivo

Volvamos a situarnos en el caso español. En su artículo 31.1, la Constitución española establece lo siguiente: «Todo el mundo contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Por lo tanto, sitúa en el centro de nuestro sistema fiscal el principio de equidad, ya explicado, y el de progresividad; es decir, se pide que pague más y contribuya con un mayor esfuerzo fiscal el que más tiene. A su vez, también plantea la no confiscatoriedad de los impuestos. La linea a partir de la cual podemos establecer que esta se da es muy fina, de constante debate y difícil definición.

El principio de progresividad ha de considerarse no en cada impuesto, sino en el conjunto del sistema fiscal. Si lo hacemos así vemos que en los últimos años hemos sufrido un creciente proceso de regresividad a nivel impositivo por varios factores.

El peso de las clases medias y bajas en nuestro sistema fiscal

Actualmente, el 73 % de la recaudación tributaria corresponde a la suma del IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, y del IVA, impuesto al consumo. El resto de la recaudación, poco más de una cuarta parte del total, corresponde en un 11 % al impuesto de sociedades y en otro 11 % a los impuestos especiales; el resto son otros impuestos de carácter menor en lo que respecta al peso que manifiestan.

El IRPF es un impuesto directo, es decir, se fija en la capacidad económica de quien lo paga, y por lo tanto es posible definirlo bajo criterios de progresividad. El IVA es un impuesto indirecto, es decir, no toma en consideración si quien lo paga tiene una renta más elevada o más baja sino que únicamente se fija en la capacidad de compra. Es, pues, un impuesto regresivo si tenemos en cuenta que las rentas medias dedican casi toda su renta al consumo mientras que las más altas pueden dedicarla al ahorro.¹⁴ En España, los impuestos indirectos ‒entre los que también deberíamos añadir los impuestos especiales: tabaco, alcohol, carburantes, etc.‒ han aumentado 10 puntos de 2007 a 2015, y han pasado del 36 % al 46 % del total de la recaudación.¹⁵

Un estudio reciente sobre los impuestos pagados por los hogares españoles afirma que «para el conjunto de impuestos, el tipo medio efectivo ‒es decir, el cociente entre los impuestos pagados y la renta bruta‒ crece con la renta, con una excepción: el tipo que soportan los hogares situados en el primer quintil, es decir el 20 % de los hogares más pobres. Este grupo solo es superado por el que soporta el 10 % de los hogares más ricos. Esta singularidad se debe básicamente al peso de los impuestos indirectos (especialmente el IVA) y las cotizaciones sociales».¹⁶ Es decir, el 20 % de hogares con rentas más bajas ‒las que están por debajo de los 11.584 € anuales‒ pagan un 28,2 % de la renta en impuestos y cotizaciones, una presión fiscal que disminuye a partir de esta renta y que no se vuelve a alcanzar hasta que llegamos a las rentas de más de 62.447 € en adelante, que corresponden al 10 % de los hogares más ricos, que llegan a pagar, como mucho, el 33,10 %.

Y sigue el informe confirmando lo que decíamos: «Todos los impuestos indirectos se comportan de manera regresiva. En su conjunto, estos tributos hacen aumentar la desigualdad de la renta de los hogares en un 4,02 %. Entre los impuestos indirectos, es el IVA el que más contribuye a este efecto desigualador. Debido a su elevado volumen recaudatorio, este impuesto incrementa la desigualdad de la renta de los hogares en un 3,1 %».¹⁷

La realidad del IVA contrasta con otros impuestos. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, con una recaudación baja pero un carácter progresivo muy elevado, ya que afectan solamente a la población más acomodada. En 2008 se eliminó el impuesto de patrimonio que se recuperó parcialmente en 2011 con distintas aplicaciones en cada territorio; por ejemplo, en el caso de Cataluña supuso una caída del 72 % en su recaudación, y en comunidades como la de Madrid la exención total de su pago. Y en 2010 se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, que fue restablecido parcialmente cuatro años después con una pérdida del 80 % en la recaudación en el caso cata-lán.¹⁸

Impuesto de sociedades

Punto y aparte merece el impuesto de sociedades, el que grava los beneficios de las empresas. En diez años hemos pasado de tener un tipo nominal general que llegaba al 35 % y un 25 % para pequeñas y medianas empresas, a bajar el tipo hasta un 25 %, un tipo único independiente del tamaño de la empresa, con contadas excepciones. La primera rebaja la hizo el PSOE, la segunda el Partido Popular. En el primer caso con un programa que tenía como lema: “Bajar impuestos es de izquierdas”,¹⁹ en el segundo afirmando que ya que no sube la recaudación efectiva, bajamos los tipos para que se acerquen a la recaudación real que obtenemos.

El resultado ha sido que el impuesto de sociedades ha pasado de ser el 21 % del total de la recaudación tributaria del año 2007 a solo el 13 % en 2015. En 2007, España recaudaba el 4,5 % del PIB en impuesto de sociedades, en parte debido a la burbuja inmobiliaria, mientras que en 2015 la recaudación fue solamente del 2,3 %, una cifra que nos situaba a la cola de Europa.²⁰

Así pues, aunque los resultados contables de las empresas ya han vuelto a niveles precrisis de 2007, la recaudación por impuesto de sociedades ha caído a la mitad.²¹

Rentas del trabajo versus rentas del capital. La inequidad del IRPF dual

A partir del año 2006, en España se comenzó a tratar de manera diferenciada la tributación de las rentas del capital ‒las derivadas del rendimiento económico generado por el ahorro‒ de las rentas del trabajo, los ingresos derivados del sueldo. Los tipos nominales, es decir, el porcentaje con el que se graban estas rentas, son totalmente diferentes. Actualmente, y después de la última reforma fiscal, las rentas del ahorro se graban con unos tipos que llegan al 21 %, mientras que las del trabajo se graban con unos tipos máximos del 45 %.

Esta diferencia es una enmienda a la totalidad del principio de equidad del sistema fiscal que debería garantizar que a igualdad de rentas se tribute exactamente la misma cantidad. El ejemplo resulta claro: si yo me encuentro al vecino en el ascensor y él me cuenta que recibe cada año 20.000 € por los dividendos generados por una participación empresarial, esperaré que mi vecino pague los mismos impuestos que yo, que los gano por mi trabajo. Sin embargo, y lo demuestran muchos estudios, la realidad es otra.²²

Los argumentos a favor y en contra del tratamiento diferenciado de las rentas en función de su origen son múltiples, pero como afirma A. Durán-Sindreu, «una cosa es un trato favorable y otra muy distinta una quiebra sustancial de la equidad. Y una diferencia de 24,5 puntos en los tipos marginales máximos de las rentas de ahorro del resto de tipo de renta es, sin duda, una quiebra injustificada de la equidad».²³

El argumento que se esgrime de forma mayoritaria para defender este tratamiento diferenciado es que existe una doble imposición: los rendimientos del capital ya han tributado por impuesto de sociedades previamente, pero el actual diseño de vehículos de inversión permite aplazar el pago con gran facilidad. La otra razón es que el capital siempre puede deslocalizarse. Sobre este punto volvemos a A. Durán-Sindreu: «Aceptar este argumento significa aceptar también una penalización injustificada a las rentas que no se pueden deslocalizar fácilmente, sobre todo las rentas del trabajo».²⁴

Una última prueba de inequidad es que, mientras que las rentas del trabajo tienen un cumplimiento en sus declaraciones del 100 %, es decir, que no hay fraude fiscal asociado, el porcentaje medio de cumplimiento de las rentas restantes, entre las cuales están las del ahorro, oscila tan solo entre el 44 % y el 55 %.²⁵

El colador de los beneficios fiscales

Los beneficios fiscales son un mecanismo legal que permite disminuir la carga tributaria del contribuyente mediante exenciones y bonificaciones. Estos beneficios convierten el sistema fiscal en un queso gruyère lleno de agujeros: la impresión que da es que es muy grande, pero la cantidad de queso es menor de lo que parece.

Un ejemplo: invertir en un fondo de pensiones permite desgravar en el pago del IRPF. ¿Quién sale ganando con una medida como esta? Pues resulta que el 10 % de los contribuyentes españoles con más renta se beneficiaron del 77 % de la deducción del fondo de pensiones en 2014.

Mientras que las políticas de gasto ‒pensemos por ejemplo en las rentas mínimas de inserción‒ son objeto de constante examen y sospecha sobre su uso indebido, no existe, en cambio, un procedimiento claro y transparente que establezca los criterios para otorgar beneficios fiscales. Hay un cierto consenso en considerar que sería mucho más justo eliminar gran parte de estos beneficios fiscales recaudando más, y después distribuir si es necesario ese dinero a través de transferencias o ayudas públicas que están mucho más dirigidas y permiten un control más exhaustivo de cómo se utilizan los recursos.

En el año 2016, por lo que respecta al IRPF, el total de beneficios fiscales ascendió a 14.800 millones de euros, lo que representa el 18,6 % de la recaudación total del IRPF. Con respecto al impuesto de sociedades, este fue de 3.800 millones de euros, el 15 % de la recaudación total de este impuesto.²⁶

En resumen…

Aunque la complejidad del sistema fiscal comporta que hayamos dejado muchos elementos pendientes de análisis, la conclusión es clara: el último ciclo económico ha dibujado un sistema fiscal cada vez menos progresivo, con una gran presión fiscal sobre las clases medias y bajas. Para construir una fiscalidad justa se hace necesaria una reforma fiscal profunda que elimine exenciones y bonificaciones, y que revise las principales figuras impositivas para garantizar que pague más quien más tenga.

Sobre este escenario claramente local y de gestión estatal impacta el vector clave que acaba determinando muchas de las decisiones que se toman actualmente en materia económica: la globalización, la falta de armonización fiscal a nivel global y la competencia a la baja, elementos que veremos a continuación.

2.2 La globalización en el origen del cambio de ciclo

Hoy se reconoce el papel que los sistemas fiscales tuvieron en la recuperación de los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo contrato social surgido de los pactos de posguerra, la necesidad de recursos y una sensibilidad solidaria dieron lugar a los gloriosos treinta años de mayor crecimiento y redistribución que hemos conocido en la historia reciente. Fue después de la crisis del petróleo y a partir de los años ochenta que empezó a producirse una reducción de los tipos impositivos, un aumento de los impuestos indirectos (como el IVA) de carácter más regresivo y una disminución de los impuestos directos.

Pero la sacudida más fuerte de los sistemas fiscales es la que se produce fruto de lo que conocemos como globalización. Los estudios afirman que, entre los años 1994 y 2007, los países de la OCDE respondieron a la globalización aumentando los impuestos para las cla-ses medias y reduciéndolos para las em-presas y las rentas más altas.²⁷

La imposible armonización fiscal sin ceder soberanía

Se ha hecho ya sobradamente conocido el llamado trilema de Rodrik.²⁸ Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, formula la tensión paradójica que se da al querer mantener al mismo tiempo esta tríada: democracia, globalización económica y soberanía de los Estados nación. Los tres elementos no pueden convivir. O bien tenemos sistemas democráticos basados en la soberanía de unos Estados que regulan y deciden, y entonces la integración económica a nivel global se hace imposible, o bien los Estados ceden soberanía a entes supraestatales que regulen y marquen las reglas del juego de manera democrática en el nuevo contexto de globalización. Pero querer mantener la soberanía de los Estados nación en un contexto de globalización como el actual da lugar a una clara pérdida del control democrático de las decisiones que se toman para regularlo. Hemos visto claros ejemplos de ello en la actual crisis política europea.

Parece, pues, que en un contexto de globalización, la vía para superar este trilema pasa por una necesaria unión o coordinación fiscal a escala global que permita unir los tres conceptos. Desgraciadamente, la realidad es distinta.

Carrera fiscal a la baja

La competencia fiscal entre países está dando lugar a lo que se ha llamado “carrera fiscal a la baja” (race to the bottom), en la que cada país propone un marco fiscal más atractivo que el de sus países competidores para atraer inversiones de capital y talento. Se inicia, pues, una competición que solo puede acabar con tipos impositivos nulos y, por lo tanto, con la desaparición de la recaudación por parte de las Haciendas públicas en las que quien sale beneficiado es solamente el capital.

En esta carrera fiscal destacan dos impuestos: el impuesto de sociedades, el que grava los beneficios empresariales y el impuesto a las rentas del capital, el que grava las ganancias generadas por las inversiones de personas físicas. El caso del impuesto de sociedades es especialmente claro: la media de los tipos impositivos en los años ochenta y en los países de la UE llegaba casi al 50 %. En el año 2000 los países de la UE-28 tenían un tipo medio de impuesto de sociedades del 32 %, y en 2016 ya era solamente del 23 %. En diez años, España ha visto disminuir el tipo impositivo del 35 % al 25 %. En el caso de la UE destaca Irlanda, que con un impuesto de sociedades de solamente el 12,5 % se ha convertido en el campo base de todas las multinacionales tecnológicas que quieren operar en Europa.

El panorama, en conjunto, presenta una lógica económica evidente pero un resultado ciertamente nefasto. Casi todos los estudios llegan a la conclusión que una bajada de 10 puntos en el impuesto de sociedades genera un aumento de las inversiones en el país que puede llegar al 33 %.²⁹ Ante esta evidencia entramos en una lógica de rebajas fiscales que lo único que hace es provocar la disminución de la recaudación por impuesto de sociedades en todos los países.

Otro ejemplo es el que se dio después de la votación en referéndum del abandono de la UE por parte del Reino Unido. Durante unas semanas se pudieron oír declaraciones de ministros de economía de la UE ofreciendo rebajas fiscales a las entidades financieras con sede en Londres que quisieran establecerse en un país de la UE. En declaraciones efectuadas a distintos medios de comunicación, algunos portavoces de bancos de inversión llegaban a afirmar cínicamente: «Es casi una subasta basada en ver qué país da más ventajas fiscales dentro de un marco regulatorio europeo. El problema es cómo explicarlo en un contexto de subida general de impuestos y recortes de gasto social en estos mismos países».³⁰

2.3 Fraude fiscal, elusión fiscal y paraísos fiscales

Si hay algún elemento clave en la lucha por una fiscalidad justa es la denuncia del fraude y de la elusión fiscal. Pero antes hay que puntualizar los dos términos, porque a menudo se utilizan indistintamente, y debemos aclarar que no significan lo mismo.

Fraude fiscal

Por fraude fiscal o evasión fiscal entendemos todo comportamiento contrario a la ley que busque evitar el pago de impuestos. En buena medida se relaciona con el grado de economía sumergida de un país, es decir, el conjunto de intercambios económicos que no son declarados a la Hacienda pública. En el caso de España, distintos informes cifran la economía sumergida en alrededor del 20 % del PIB, de lo que se deriva un fraude fiscal que ronda entre los 60.000 y los 90.000 millones de euros anuales. Si contemplamos el conjunto de Europa, países del sur tales como Grecia o Italia presentan cifras similares, mientras que países como Francia o Alemania registran una economía sumergida de más o menos un 12 %.³¹

El economista de la Universidad de Berkeley Gabriel Zucman calcula que en el mundo circulan 6,3 billones de dólares fuera del control de las Haciendas públicas, el equivalente al 10 % del PIB mundial.³² En un estudio reciente estima ‒en lo que se refiere a países desarrollados y utilizando los datos de las últimas filtraciones de Suiza o Panamá‒ que países tales como Suecia, Noruega y Dinamarca tienen un porcentaje medio de evasión fiscal situado en el 3 % para todos los grupos de renta, pero que se dispara hasta una evasión del 30 % cuando ponemos el foco en el 0,01 % más rico de la población.³³

El fraude fiscal es, por ejemplo, una de las principales vías por las que los gobiernos africanos pierden recursos. El Panel de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos en África concluía hace dos años que este continente ve desaparecer anualmente 40.000 millones de dólares por flujos financieros ilícitos de grandes compañías.³⁴ Si estas empresas hubiesen pagado los impuestos correspondientes, las agencias tributarias nacionales habrían acumulado unos 6.000 millones de dólares adicionales.

Elusión fiscal

La elusión fiscal es un término más difuso e indefinido jurídicamente. Por elusión fiscal entendemos todas aquellas prácticas que se llevan a cabo para pagar el mínimo de impuestos posibles, siempre dentro de la legalidad vigente. Esta práctica, aparentemente legítima y que difícilmente puede perseguirse, se convierte en ilegítima en el momento en que se aprovechan todos aquellos vacíos legales, cláusulas y beneficios fiscales que la ley permite, así como los distintos regímenes fiscales a nivel internacional, creando complicadísimos entramados societarios destinados a pagar el mínimo de impuestos o, en algunos casos, no pagar nada. Estas prácticas se han llegado a llamar “prácticas de optimización” o “de ingeniería fiscal agresiva” y han sido sobradamente denunciadas porque suponen un abuso claro de la ley.

La elusión fiscal es hoy día la principal batalla de muchos países, que ven como sus ingresos fiscales caen y no pueden hacer nada por evitarlo.

Paraísos fiscales

Tanto el fraude fiscal como la elusión son posibles por la existencia de los llamados paraísos fiscales. De nuevo se trata de un concepto sobradamente utilizado pero que genera muchas controversias. Jurídicamente, un paraíso fiscal lo es sobre todo por su opacidad, es decir, es un país con el que o bien no hay intercambio de información o bien se mantienen en secreto los propietarios y los administradores de cuentas y sociedades. Una segunda razón para considerar que un país es un paraíso fiscal es que tenga una tributación baja o nula. Aún así, no existe unanimidad con respecto a su definición jurídica. Cada Estado determina la lista de países considerados paraísos fiscales y el régimen fiscal que aplicará a las personas o sociedades que tengan inversiones en ellos, pero lo hace según sus criterios, que muchas veces responden más a cuestiones diplomáticas o de relaciones comerciales que a una verdadera voluntad de vetar o frenar las prácticas de fraude y elusión fiscal.

Muchas veces, para hablar de una empresa radicada en un paraíso fiscal se habla de empresa offshore, que literalmente significaría ‘fuera de la costa’, haciendo referencia al régimen fiscal específico del que gozan una gran cantidad de islas.

En el caso de España, la inclusión de un país en la lista de paraísos fiscales depende de si existe un convenio de no doble imposición y de si hay intercambio de información. Así pues, por ejemplo, aunque la Comisión Europea considera paraíso fiscal a Panamá, este país salió de la lista española en el año 2010, cuando Zapatero lo excluyó por la presión de grandes constructoras tales como Sacyr o FCC con el fin de poder ganar concursos para la ampliación del Canal.

La Comisión Europea ha publicado recientemente una “lista negra” paneuropea de paraísos fiscales en la que figuran treinta países o territorios considerados no cooperativos en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal.³⁵ Cuatro de los paraísos fiscales se encuentran en Europa: Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey, en el canal de la Mancha, un territorio que depende del Reino Unido. Son los países que aparecen en por lo menos diez de las listas nacionales de los Estados miembros. La Comisión Europea ha instado a todos estos países a hacer una serie de reformas en materia tributaria y de transparencia si quieren salir de la lista definitiva que se ha previsto que será publicada a finales del año 2017. Desgraciadamente, y aunque era de esperar, en esta lista no aparecen países de baja tributación o que practican el llamado dumping fiscal, tales como Irlanda o Luxemburgo; países que en cambio Oxfam Intermon ha incluido en su informe sobre los 15 paraísos fiscales más agresivos.

El reciente informe de Oxfam Intermon, La ilusión fiscal,³⁶ cifraba que 34 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen sedes en paraísos fiscales, en concreto 810 sucursales, y que su número ha aumentado en un 44 % de 2012 a 2013. Según las estadísticas oficiales elaboradas por el Ministerio de Economía y Competitividad, un 26 % de la inversión española en el exterior serían préstamos de las matrices españolas a sus filiales.

La existencia de señores de la guerra, narcotraficantes, mafias de tráfico de personas, extorsión, trata de blancas… solo es posible gracias a la existencia de los paraísos fiscales y a la imposibilidad de perseguir y fiscalizar sus actividades.

#LuxLeaks, #PanamaPapers…

Con la deslocalización de sus procesos de producción, las empresas multinacionales pueden establecer aquella parte del negocio que más les interese fiscalmente en el país que les resulte más ventajoso. Mediante la ya llamada “ingeniería fiscal” se logra tributar los beneficios en el país con el impuesto de sociedades más bajo, trasladar parte de los beneficios a la región donde, por ejemplo, el registro de patentes no tribute, y al mismo tiempo jugar con los precios de transferencia ‒los precios de compraventa entre las filiales del mismo grupo empresarial‒ según convenga.

Los entramados societarios de las grandes empresas tecnológicas tales como Google, Facebook o Apple fueron los primeros que despertaron la sospecha de las crecientes prácticas de elusión fiscal. Ya en 2012 empezaron a salir a la luz pública los casos de multinacionales que, estableciendo su operativa europea en Irlanda, lograban minimizar la factura fiscal.

El primer gran escándalo en esta historia reciente fue el caso #LuxLeaks, destapado en noviembre de 2014. La filtración por parte de un empleado de los documentos de la consultora PriceWaterHouseCoopers en Luxemburgo permitió saber que entre 2002 y 2010 el Estado firmó acuerdos cerrados con empresas para que estableciesen su sede fiscal en aquel país a cambio de pagar los impuestos que mutuamente acordasen. Esta práctica es conocida como Tax Rulings, y permitía establecer lo que podemos llamar una fiscalidad “a la carta”. De estos acuerdos se beneficiaron 340 empresas entre las cuales hay marcas tan conocidas como lo son Pepsi, IKEA, Deutsche Bank… Estas empresas pagaron una media del 2 % en impuesto sobre los beneficios cuando el tipo nominal vigente en Luxemburgo era del 28 %. En aquellos momentos el primer ministro era Jean Claude Juncker, que preside la Comisión Europea desde el año 2014. El Parlamento Europeo abrió una comisión de investigación para esclarecer los hechos. Se calcula que son unos 317 millones de euros lo que el resto de países de la UE han dejado de ingresar por las prácticas fiscales de Luxemburgo entre los años 2005 y 2016.

El último gran escándalo internacional ha sido la famosa filtración de los “Papeles de Panamá”, en abril de 2016, por parte de un consorcio de periodistas internacionales. Entonces salieron a la luz 11 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, que mostraban que personalidades del mundo social, político y deportivo tenían empresas con sede en Panamá. Esta filtración provocó la dimisión del primer ministro islandés y del ministro de industria español José Manuel Soria. El día 3 de abril, para conmemorar la efeméride, ha sido decretado día de acción global contra los paraísos fiscales.³⁷

Diferencias en los precios de transferencia dentro del mismo grupo empresarial, préstamos intragrupos en países donde el déficit financiero permite desgravar o aplazar el pago de impuestos, desgravar el pago de royalties por el uso de la marca dentro del mismo grupo empresarial o directamente entramados societarios en paraísos fiscales son prácticas habituales en la economía global que facilitan la elusión fiscal.

Para que esta práctica tenga lugar es evidente que el legislador debe manifestar la voluntad de regular permitiendo estas grietas dentro del sistema fiscal y, al mismo tiempo, es necesaria la connivencia y ayuda de las grandes consultoras y bufetes que asesoran y acompañan en el camino para hacerla posible.³⁸

Y España, ¿qué papel tiene en la elusión fiscal?

España no solo sufre el impacto de la existencia de paraísos fiscales en sus arcas públicas ‒un impacto que G. Zucman estima en 144.000 millones de euros, que los españoles no declaran y tienen radicados en paraísos fiscales‒, sino que también cuenta con productos financieros o societarios que permiten la elusión del pago de impuestos.

Las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) son una figura jurídica muy extendida y conocida en nuestro país. Solamente tributa al 1 %, igual que los fondos de inversión, y se usa de manera fraudulenta: el 80 % de las SICAV tienen menos de 150 accionistas y por lo tanto se consideran sociedades de gestión patrimonial más que de inversión colectiva. Además, aunque se trate de sociedades, no son controladas por la Agencia Tributaria sino que están bajo tutela de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A finales de 2016 había más de 3.000 sociedades en forma de SICAV gestionando un patrimonio superior a los 32.000 millones de euros.

Las ETVES (entidades de tenencia de valores extranjeros) son otro de los agujeros negros que hacen de España un pequeño “paraíso fiscal” para la inversión de empresas extranjeras. El gran atractivo que presentan es que los dividendos, los beneficios y las plusvalías están exentos de impuestos. Con su estructura, los capitales no pagan tributos ni a la entrada ni a la salida del Estado español por sus beneficios en el extranjero, e incluso pueden recibir ayudas y rebajas fiscales por las pérdidas declaradas. Ya hay países que han denunciado que la existencia de las ETVES comporta que España actue, de facto, como un paraíso fiscal a la hora de atraer capital extranjero.³⁹

Gracias a una ETVE, por ejemplo, Vodafone pudo deducir 1.043 millones de euros en gastos financieros correspondientes a los ejercicios de 2003 y 2004, lo que le permitió anotar impuestos negativos ‒es decir, créditos fiscales que Hacienda debe a la empresa‒ por valor de 210 millones. Pero podríamos continuar con Microsoft, Hewlett Packard, Pepsi, Starbucks, Morgan Stanley, etc.⁴⁰

3 Razones para una fiscalidad más justa

Como decíamos en el primer capítulo, el debate sobre la fundamentación de los impuestos mantiene una relación directa con el modelo de sociedad que deseamos. Una sociedad preocupada por la igualdad y por unos mínimos vitales dignos necesitará unas políticas públicas y una redistribución de la riqueza basadas en un sistema fiscal que siga criterios de justicia y progresividad.

Pero no nos engañemos, los impuestos son una medida para la redistribución de la riqueza, la cual, como su nombre indica, no es voluntaria sino impuesta por el Estado. Aquí surgen inevitablemente una serie de preguntas que nos remiten a la cuestión clave: la fundamentación ética de los impuestos. En sociedades cada vez más individualistas, en las que impera el atomismo social, se deberá hacer más pedagogía para dar a entender que renunciar a un cierto grado de riqueza y de libertad de disposición económica resulta clave si se quiere garantizar una sociedad que permita vivir dignamente y salir a la calle sin miedo.

Por un lado, los impuestos han sido criticados, puestos en duda y denunciados por los sectores más liberales y críticos con el Estado, que los consideran un ataque a la propiedad privada y al mismo tiempo inoperantes, porque en realidad quitan la riqueza de las manos de quien es más capaz de multiplicarla; por otro lado, son también denunciados por los grupos abiertamente anticapitalistas, que los consideran un limpiador de conciencias que permite evitar el debate sobre la reproducción del sistema de extracción de rentas del capital al trabajo tal como lo conocemos.

Es cierto que hoy no es posible pensar en una economía mixta de mercado sin un sistema fiscal que compense las desigualdades que este mismo sistema genera, aunque también es verdad que las crecientes prácticas de fraude y elusión, sumadas a una dinámica global de dumping fiscal, ponen en cuestión la capacidad real de los sistemas fiscales para redistribuir la riqueza.

Se abren, pues, muchos interrogantes con respecto a la fundamentación y la justificación de los impuestos: ¿Son el mejor mecanismo para redistribuir la riqueza? ¿Está justificado su carácter obligatorio? ¿Cómo superar la tensión entre libertad y compromiso obligado?

3.1 Fundamentación ética de los impuestos

Si hacemos un breve recorrido histórico podremos ver cómo ha evolucionado la justificación ética del pago de impuestos. Con mirada retrospectiva y nos situados en la edad antigua, los impuestos estaban claramente vinculados al yugo aplicado por el imperio, que oprimía a las comunidades que habían sido vencidas. Si bien, por ejemplo, el pueblo judío ya entendía el tributo como una medida de redistribución de la riqueza: «La finalidad del diezmo es ayudar al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano que coman hasta saciarse» (Dt 26,11). Probablemente, uno de los primeros debates relativo a la justicia o la injusticia del tributo lo encontramos en el famoso pasaje evangélico en el que los judíos ponen a prueba a Jesús preguntando si es o no preciso satisfacer los pagos al César, y la respuesta se hizo famosa: «Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (Mc 12,17). A partir del siglo iv, se empieza a fundamentar la obligación tributaria como precio compensatorio por los beneficios que el individuo recibe de la sociedad y, ya al siglo xiii, el tomismo formula por primera vez las características que un sistema fiscal debe tener si ha de considerarse justo: el impuesto se tiene que dedicar al bien común y debe grabar a quien tenga capacidad de hacer frente al pago.

Así, el pago de impuestos se consolida y, de hecho, se convierte en garantía de mantenimiento de monarquías y absolutismos; por ello, con la entrada en la Edad Moderna, la fundamentación ética de los impuestos se va revisando y replanteando. Ciertamente, no se puede separar el debate ético sobre los impuestos del debate ético sobre la fundamentación de la propiedad privada. El nacimiento del liberalismo pide justificar el pago de impuestos como una garantía de la libertad y los derechos individuales. Rousseau los formula como algo voluntario y libre, una consecuencia más del contrato social libremente establecido, y por lo tanto de obligado cumplimiento pero supeditado a este pacto. Adam Smith, por ejemplo, ve los impuestos como el medio de garan-tizar la propiedad privada y la administración de la justicia, y sostener las instituciones necesarias para proteger las libertades individuales que los propios intereses individuales no serían capaces de garantizar. A pesar de lo dicho, la corriente liberal es claramente contraria a la utilización de los impuestos como vía para engordar al Estado. Como ya hemos dicho, no fue hasta pasado el crac capitalista de 1929 y la Segunda Guerra Mundial que los impuestos pasaron a ser considerados un modo clave para vehicular el pacto social establecido entre capital y trabajo. En realidad, esta tesis fue reforzada por el pensamiento social cristiano, que sostiene como principio el destino universal de los bienes y, por lo tanto, subordinar la propiedad privada a la garantía del resto de derechos; los impuestos son la manera de vehicular esta tensión.⁴¹

3.2 La moral fiscal en la actualidad

Hoy en día la “moral fiscal” es un concepto estudiado y en debate en el ámbito de las ciencias políticas y la sociología. Se entiende por moral fiscal la disposición al pago de impuestos por parte de ciudadanos y empresas. Una moral fiscal baja significará una poca disposición al pago y, por tanto, el rechazo y la desafección ante los impuestos o el intento de eludir su pago. Una moral fiscal alta dará lugar a una sociedad responsable, que valorará el sistema impositivo como una buena vía de redistribución de la riqueza, y dispuesta al pago de impuestos.

Los recientes casos de fraude y de elusión fiscal, así como la falta de recursos por parte de los Estados, han dado ocasión a cambios en la moral fiscal de los países. En algunos casos como el español es notable el cambio que se ha dado entre los años 2013 y 2016. El porcentaje de ciudadanos que consideran que los impuestos son necesarios ha pasado del 46,7 % al 55,6 %; ahora bien, ante la pregunta de si la sociedad se beneficia de estos, un 63 % responde que poco o nada, y la percepción de un 61 % de la población es que pagamos demasiado. Con respecto al fraude fiscal, el porcentaje de población que considera que es muy alto ha pasado del 33,8 % en 2008 al 66,8 %, prácticamente el doble, y el porcentaje de personas que consideran que el Estado hace muy poco en la lucha contra el fraude ha pasado del 9,9 % de los encuestados al 21,6 %.⁴²

3.3 Dos miradas recientes: Piketty versus Sloterdijk

El economista francés Thomas Piketty es probablemente quien, en los últimos años, ha sido capaz de volver a poner sobre la mesa con mayor fuerza la necesidad de grabar fiscalmente la riqueza en su conjunto. La de Piketty no es una propuesta radical sino de reforma del capitalismo: «La falta de límites a la acumulación condujo, a finales del siglo xix, a soluciones radicales. El reto de hoy es dar una respuesta por vías más pacíficas que la guerra, más eficaces que el comunismo […]. La cuestión de la fiscalidad justa –ponerse de acuerdo sobre quien paga qué y en nombre de qué criterios– siempre se ha situado en el centro del conflicto político».⁴³

Piketty, ante una perspectiva global de bajo crecimiento económico y una clara distribución desigual a favor de lo que él llama capitalismo patrimonial, propone un impuesto anual sobre la riqueza que sea progresivo y llegue a un máximo de un 2 %, combinado con un impuesto sobre la renta con un tipo máximo que pueda llegar al 80 %. Recordemos que, por increíble que pueda parecer, en 1932, cuando Roosevelt llegó al poder, la tasa del impuesto sobre los ingresos aplicable a los más ricos de los Estados Unidos era del 25 %, y llegó a alcanzar el 91 % en 1941, un nivel que se aplicó hasta 1964.

A pesar de todo, Piketty afirma: «Quie-ro ser optimista, ya que los fundamentos económicos y democráticos empujan hacia una fiscalidad progresiva sobre el patrimonio. Si se quiere seguir teniendo una clase media patrimonial y un acceso al patrimonio para la gente partiendo de cero, es necesario un sistema fiscal que les dé una oportunidad».⁴⁴ En su opinión, si queremos que el capitalismo no se engulla a sí mismo, no hay otra solución.

En las antípodas de este economista encontramos al filósofo alemán Peter Sloterdijk, que postula que se ha llegado a un callejón sin salida en la capacidad de recaudación de los Estados. La suya es una visión que se incardina en la corriente de lo que se ha llamado “la economía del regalo”. Propone que en una sociedad democrática no tienen sentido la coacción y la recaudación impositiva forzada, y, en consecuencia, genera un sentimiento de culpabilidad y deuda del contribuyente con el Estado, un contribuyente que se siente bajo la constante sospecha de estar haciendo algo mal. Y por lo tanto reclama un sistema fiscal voluntario que vaya acompañado de una revolución cultural.⁴⁵ Propone trasladar la actual pulsión insaciable de control y posesión que domina hoy al hombre, el eros, por un sentimiento mucho más noble que lo podría sustituir, el thymos: el orgullo y la valentía de quien se entrega libremente.

Sloterdijk basa su conjetura en la actitud de grandes mecenas –por ejemplo, el fundador de Microsoft Bill Gates o el español Amancio Ortega–, que, llegados a un cierto nivel de riqueza, se sienten impulsados a dar y se sienten orgullosos de hacerlo. El mismo Pikkety ante propuestas como estas afirma: «¿La generosidad privada? A menudo, las personas que donan a fundaciones mantienen su control. No basta con denominar a su interés privado “interés general” para que lo sea».⁴⁶ Las críticas a esta propuesta son evidentes por claramente ingenuas, pero probablemente Sloterdijk acierta cuando certifica que el agotamiento fiscal de las clases medias y la imposibilidad de lograr que las personas más ricas paguen lo que les toca obliga a llevar el debate y la lucha política a nuevos terrenos que nos permitan salir del callejón sin salida actual.

Como afirma el filósofo esloveno S. Zizek, recogiendo el pensamiento de ambos autores, hay en estos dos planteamientos una premisa común, y es que se debe mantener como sea la maquinaria capitalista porque es la única manera eficiente de producir riqueza, y al mismo tiempo hay que corregir la desigualdad. El problema es que las dos soluciones para hacer frente a esta anomia, tanto una regulación estatal directa y masiva a través de impuestos elevados como aportaciones voluntarias de los más ricos de nuestra sociedad, son propuestas utópicas en el sentido más literal del término. La primera propuesta requiere un gobierno mundial con poder y autoridad para imponer una medida así; la segunda parece olvidar que la fuerza que mueve al capitalismo es la competitividad, es decir, que unos ganen y otros pierdan, y la generosidad tiene poca cabida excepto si no és que afecta únicamente a las migajas. El auténtico utopismo, pues, según Zizek, es continuar insistiendo en «imaginar el capitalismo global tal como lo conocemos hoy».⁴⁷

3.4 Fiscalidad, finalidad del trabajo y renta básica

Probablemente, lo que más nos obligará a replantearnos los sistemas fiscales será la actual perspectiva de paro estructural y desaparición de puestos de trabajo a raíz de la llamada cuarta revolución industrial o revolución digital. No son pocas las voces que han hablado de poner un impuesto a los robots que compense la eliminación de puestos de trabajo. Si entendemos los robots como capital instalado de la empresa, esta reclamación no deja de suponer una profundización y una mejora en la imposición a las rentas del capital y a los beneficios empresariales.

Lo cierto es que, en la dinámica económica actual, el peso de las rentas del capital es cada vez mayor ante la participación en las economías avanzadas de las rentas del trabajo. Ello obliga a soluciones innovadoras, ya que las rentas del capital escapan fácilmente al control tributario. Es cuando hay que plantear la necesidad de garantizar un mínimo vital digno y hacer efectivos unos derechos independientemente de la capacidad de inserción en el mercado laboral, que se muestra como fundamental la propuesta de la renta básica universal, o bien, en sus versiones no universalistas y condicionadas, las rentas mínimas de inserción o rentas de ciudadanía. Aún así, todas las propuestas actuales de financiación de la renta básica universal pasan por una reforma fiscal con unos tipos impositivos tan elevados que se hace muy difícil defender políticamente si tenemos en cuenta la desafección que genera cualquier subida de impuestos. Sin resolver, sin embargo, la actual dificultad para hacer pagar impuestos al capital y a los beneficios empresariales, por mucho que hagamos que el actual sistema sea realmente progresivo y aumentemos los tipos, no podremos hacer frente a una propuesta como esta. Sin embargo, es un debate que ya está presente, que debemos abordar con toda la seriedad y energía posible, y del que el sistema fiscal no puede quedar al margen.

4 Propuestas para avanzar hacia una fiscalidad más justa

Llegados a este punto podemos atrevernos a afirmar que la lucha por una fiscalidad justa es hoy imprescindible, tanto para asegurar el correcto desarrollo de los países del sur global como para garantizar que el estancamiento o el decrecimiento de las economías más desarrolladas no ahonden en el abismo de desigualdad que ya existe.

Así, es imprescindible poner al día las propuestas que deben hacer posible esta fiscalidad justa, por una parte actualizando las demandas históricas recurrentes de los movimientos sociales y por otra proponiendo de forma creativa respuestas a las carencias fiscales que han aflorado en el contexto de la globalización.

4.1 Hacer tributar a la riqueza

El primer gran reto que hay que afrontar es encontrar la manera de gravar los beneficios generados por el capital y la acumulación de riqueza. En un mundo global, el capital encuentra siempre la ma-nera de evitar el pago de impuestos. Ello ha provocado que tanto el intento de gravar el rendimiento como el intento de gravar directamente el patrimonio hayan fracasado en sus formas actuales.

Como hemos visto en el capítulo anterior, la propuesta más ambiciosa es la que hace Piketty con la implementación de un impuesto a la riqueza global, que considera imprescindible un nivel de coordinación muy elevado entre Estados. Un impuesto de este tipo debería ir acompañado de un registro de patrimonio a nivel global: «Durante la Revolución francesa, el sistema de impuestos sobre bienes inmuebles y de derecho de sucesión y la creación del catastro fueron una manera de registrar las propiedades, de instituir el derecho de propiedad, de hacerlo respetar públicamente […]. En el capitalismo financiero global de hoy en día, no hay catastro financiero mundial, ni tan solo de la Unión Europea. El presidente de la República Francesa ignora si su ministro de Finanzas tiene una cuenta en Suiza. […] Esta situación de extrema opacidad no es sana ni para la democracia ni para la regulación finan-ciera».⁴⁸

El impuesto al patrimonio o a la riqueza ha sido eliminado de manera sucesiva en los distintos países europeos, y actualmente solo es efectivo en Noruega y en Francia. En España se eliminó en 2010, si bien se ha recuperado con carácter temporal.

Pero se van dando experimentos fiscales locales que son interesantes de remarcar; el caso de Guipúzcoa es significativo. En el año 2013 entró en vigor un nuevo impuesto⁴⁹ sobre la riqueza y las grandes fortunas con el objetivo de evitar la elusión que se iba produciendo en el pago del impuesto sobre el patrimonio. Se trata de una propuesta con tres características concretas: primero, reducir el tipo máximo impositivo del 2,5 % a un tipo del 1 %; segundo, ampliar la base de cotización al eliminar el llamado escudo fiscal; y tercero, eliminar las exenciones en el pago del impuesto por parte de empresas familiares y convertirlas en bonificaciones. ¿Por qué es una buena medida? Porque busca ampliar la base de contribución, es decir, no permitir que haya patrimonio que no entre en el pago del impuesto; a la vez, al cambiar las exenciones por las bonificaciones se logra un efecto censal: se conoce el patrimonio real existente en el territorio y se permite evitar el agravio comparativo que se da entre pequeñas empresas realmente familiares y grandes multinacionales que figuran como tales pero que en realidad juegan en otra liga (podría ser el caso de El Corte Inglés o de Inditex).

Este impuesto ha afectado solamente a 7.818 personas, el 1,1 % de la población de Guipúzcoa, con patrimonios superiores al millón de euros; entre ellos, el 2 % tiene fortunas superiores a los 10 millones de euros y acumula un 20 % de la riqueza declarada. La recaudación con el cambio ha sido casi del doble, mientras que ha aumentado en poco más de mil el número de declarantes del impuesto.

Un elemento que hay que tener en cuenta en esta propuesta es que permite desmentir la amenaza de la fuga de capitales. Solamente 49 contribuyentes a quienes tocaba pagar el impuesto cambiaron de domicilio, de los cuales la mitad debía pagar menos con la nueva definición del impuesto, por lo que no se puede deducir que se marchasen por exceso de presión fiscal. La información es remarcable teniendo en cuenta que la competencia, por lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, es feroz: la Comunidad de Madrid aplica una exención total. A pesar del éxito de la propuesta a nivel de recaudación, el impuesto se eliminó el año 2015 con el cambio de correlación de fuerzas políticas.

Otra propuesta aprobada recientemente en Cataluña es un impuesto que debe afectar «a los activos no productivos de las empresas». La medida busca abordar la problemática del fraude vinculado al patrimonio personal que se oculta tras la propiedad de las empresas.

4.2 Impuestos y economía especulativa

El impuesto a las transacciones financieras internacionales (ITF), conocido también como tasa Tobin, es quizá una de las propuestas más antiguas de la lucha por una fiscalidad justa. En 1972 el economista y premio Nobel James Tobin propuso un impuesto que grabase las transacciones en los cambios de moneda para poner obstáculos a la excesiva movilidad de capitales. Durante los años noventa fue una propuesta reivindicada con fuerza por entidades como ATTAC,⁵⁰ no con el objetivo de recaudar mucho dinero sino con la voluntad de frenar y desincentivar la especulación financiera, y que además mejoraba la eficiencia del propio mercado financiero. Siendo una propuesta ampliamente exigida por la sociedad civil, no fue puesta seriamente sobre la mesa hasta la crisis financiera global del año 2008. La propuesta consistía en un pequeñísimo impuesto del 0,05 % a las transacciones financieras especulativas que debía permitir dedicar hasta 400.000 millones de dólares a la lucha contra la pobreza y la adaptación al cambio climático.

En 2011 se aprobó un proyecto de directiva en la UE que concretaba la propuesta en un 0,1 % de las compraventas de acciones y en un 0,01 % de los derivados, con una previsión de ingresos de 35.000 millones de euros para Europa. Ante la falta de unanimidad (se opusieron a ello países como Luxemburgo o el Reino Unido) se puso en marcha un mecanismo de cooperación reforzada que debería haber permitido aplicar el impuesto por lo menos en diez países de la UE a partir de 2014.⁵¹ La propuesta vuelve a debatirse en cada reunión del Ecofin, el encuentro de los ministros de economía de los países europeos, y se sigue dando largas al asunto, y no se espera que se aplique hasta 2018, aunque países como Italia o Francia ya han empezado a implementarla.

4.3 La necesaria armonización del impuesto de sociedades

Ciertamente, si en algún campo se ha avanzado más en los últimos años ha sido en el de las propuestas para armonizar el impuesto de sociedades. En el año 2013 la OCDE presentó el proyecto BEPS, con el objetivo de coordinar la definición del impuesto de sociedades en todos sus países, de forma que las empresas multinacionales no pudiesen aprovechar las diferencias en las legislaciones vigentes en cada lugar para reducir la base sobre la que se aplica lo que deberían pagar en concepto de este impuesto.

El proyecto ha tenido su traslación a nivel europeo bajo el liderazgo de la Comisión Europea, que por el momento ha establecido dos propuestas: por un lado el proyecto BICCIS, ya definido en 2011 y recuperado en 2016, con el objetivo de tener una normativa única a nivel europeo sobre el impuesto de sociedades; por otro lado, el establecimiento de un informe obligatorio llamado Country-by-Country Report (“informe país por país”) que las empresas con más de 750 millones de euros de facturación deben presentar a las haciendas estatales especificando la facturación, los empleados, los beneficios y los impuestos pagados no de manera consolidada sino desglosada por cada país. Esta información es clave para poder descubrir posibles fugas fiscales y vías de elusión.

Es una buena noticia, sin duda, y hay que avanzar en esta línea si se quiere hacer frente a la sangría que sufre el impuesto de sociedades en todas partes del mundo. A pesar de ello, su desarrollo es muy lento y presenta dos carencias importantes: la información que las empresas ofrecen en el informe país por país no será de dominio público y se ha desestimado completamente el establecimiento de un tipo impositivo único a nivel europeo, lo que permitirá que cada país establezca cuanto quiere que las empresas paguen, sin poner, como sería deseable, al menos un tope mínimo.

4.4 La lucha contra el fraude fiscal y el fin de los paraísos fiscales

Necesitamos de una gran determinación política en la lucha contra el fraude fiscal, y los agentes actuales carecen de ella. Se hace evidente la necesidad, por ejemplo, de un informe oficial sobre su impacto. No puede ser que un país como España no disponga de ello, con indicadores de evaluación del fraude fiscal y del impacto que tiene en nuestra economía. Sabemos que no serían cifras exactas, que hablamos de estimaciones y de aproximaciones estadísticas, pero si no hay voluntad política para elaborar un buen diagnóstico menos la habrá para combatir el fraude. Una buena medida sería el cálculo del Tax Gap, un indicador de las diferencias entre lo que se debería estar recaudando según la definición de la ley lo que realmente se acaba recaudando.

El segundo elemento clave es dotar de más recursos a las agencias tributarias. España se sitúa a la cola de Europa con 26.231 trabajadores, uno para cada 2.081 habitantes, la mitad que en países como por ejemplo Portugal, Austria o Finlandia, y tres o cuatro veces menos que en países como Alemania, Bélgica, Polonia o la República Checa.⁵² La Agencia Tributaria española realiza aproximadamente unas 100.000 actuaciones al año, que le comportan 10.000 millones de euros. La ONFI (Oficina de Fiscalidad Internacional de la Agencia) realizó 200 actuaciones en grandes corporaciones, que permitieron hacer aflorar 1.300 millones de euros más de la base imponible de estas empresas. Es necesario dedicar más recursos fiscales a seguir de cerca los movimientos de las grandes fortunas y empresas internacionales, y no solo los del pequeño defraudador.

Pero nada de eso tendrá sentido si no logramos acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales. La iniciativa de la Comisión Europea de establecer una lista conjunta de paraísos fiscales es una buena noticia, pero no será suficiente si países como Holanda o Luxemburgo no figuran en ella. Además, 2017 debe ser el año en el que se ponga fin al secreto bancario dentro de la Unión. Luxemburgo y Austria, los únicos países que aún mantenían el secreto, cedieron ante del resto de los Estados miembros para implementar este sistema de intercambio de información fiscal automática, que ya incluye a 54 países de la OCDE.

Sin embargo, se debería ser más contundente, y quizá, como propone Zucman, establecer un trato específico a los intercambios comerciales con estos países, imponiendo tasas o aranceles equivalentes a la pérdida económica que sus sistemas fiscales generan.

Zonas libres de paraísos fiscales

Otra iniciativa relacionada con el punto anterior es lo que se ha dado en llamar “zonas libres de paraísos fiscales”,⁵³ que busca limitar la relación de la administración con empresas que operen en paraísos fiscales. El objetivo es incidir en la contratación pública, que supone un 25 % de la economía del país, para evitar trabajar con empresas que actúen de manera fraudulenta en paraísos fiscales. Las razones son evidentes: la presencia de empresas en paraísos fiscales significa un agravio para el resto de empresas –que, por el contrario, se comportan con sentido de responsabilidad fiscal– por el hecho de que permite presentar precios más bajos a los concursos considerando el ahorro fiscal del que gozan, y por lo tanto está claro que la competencia no se da en igualdad de condiciones.

En estos momentos ya se han declarado libres de paraísos fiscales más de sesenta ciudades en todo el Estado español, y municipios como Barcelona ya han empezado a introducir cambios en las condiciones de la contratación pública. Lo que se puede hacer dentro del marco de la de contratación es obligar a las empresas a presentar la información de los paraísos fiscales en los que opera. En el caso que la información no sea veraz, se podrá rescindir el contrato sin perjuicio para los ayuntamientos.

Se hace evidente, que hay que ir más allá y modificar las directivas europeas para incorporar criterios de responsabilidad fiscal de las empresas en el marco de la contratación pública en toda Europa.

4.5 La importancia de una buena pedagogía fiscal

Probablemente, lo más importante de todo es la dimensión moral de este debate. Una verdadera apuesta por una fiscalidad justa requiere, en primer lugar, levantar la moral fiscal de nuestras sociedades. Los casos de corrupción, junto con los escándalos de fraude y de elusión vinculados a grandes empresas y a personalidades mediáticas generan una gran desafección. Si a ello sumamos prácticas políticas tales como las amnistías fiscales, en las que se abre la puerta a defraudadores haciendo tabula rasa sin pedir ninguna contrapartida, facilitando el que paguen menos que si hubiesen hecho bien las cosas, el mensaje que se da es evidente: el sistema fiscal tiene una doble vara de medir, una para los ricos y otra para el resto.

Estos agravios son los que generan cada vez más desafección, nos alejan de una cultura fiscal responsable y son el gran desincentivador del pago de impuestos por parte de la sociedad civil.

Los casos son múltiples, desde el fraude fiscal perpetrado por futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo hasta deportistas que han establecido su sede fiscal en Andorra; y políticos o economistas de referencia descubiertos con cuentas en paraísos fiscales, como Rodrigo Rato, Emilio Botín y tantos más.

Probablemente será imprescindible endurecer los códigos penales y eliminar la prescripción del delito a los cinco años, eliminar las excusas absolutorias o bien legislar nuevos delitos vinculados al ofrecimiento, por parte de asesores, de servicios idóneos para la defraudación tributaria. Necesitamos más ejemplaridad pública para hacer entender que el sistema fiscal es central en nuestro Estado de derecho.

Al mismo tiempo, una buena educación cívica y ciudadana pasa por formar a nuestros niños y jóvenes para que sepan el coste que tienen los servicios de que gozan, por ejemplo la sanidad y la educación. Hay que inculcar, ya en la escuela, los principios de responsabilidad y de justicia fiscal a través de una buena educación que transmita que pagar impuestos es uno de los deberes de más alto nivel que tenemos con nuestra sociedad.

5. Conclusión

A lo largo de todo el cuaderno, se han dado argumentos que quieren poner en evidencia la necesidad y al mismo tiempo la dificultad de alcanzar hoy una fiscalidad justa. Defender hoy los sistemas fiscales ante tanta corrupción sistémica, egoísmo institucionalizado y en una dinámica del “sálvese quien pueda” se hace realmente difícil. Es por eso que he creído conveniente terminar con una carta que un amigo me hizo llegar hace un año, y que es una llamada a la responsabilidad y al gran valor que tienen los impuestos:

«Hace unos diez días desapareció Martí, un primo mío, mientras pescaba en la Costa Brava. Martí era una persona alegre y comprometida. La tristeza de su desaparición no hace falta describirla, todo el mundo se la puede imaginar.

Durante una semana entera, bomberos, policía, salvamento marítimo y guardia civil participaron, infructuosamente, con todos los medios técnicos y humanos posibles en su búsqueda. Más allá de la profesionalidad de su trabajo y de la empatía que mostraron con la familia, su actuación costó una gran cantidad de dinero público.

Me alegro mucho de vivir en una sociedad en la que, en algún momento de su historia, la gente se puso de acuerdo en la idea de que algunas cosas, no pocas, era mejor afrontarlas y pagarlas de forma colectiva y que todo el mundo se beneficiara de ellas con independencia de los recursos aportados. Y que Martí o cualquier otra persona pudiera recibir la atención de la sociedad entera en un momento como este.

Pensad en ello la próxima vez que os toque pagar el IRPF, la próxima vez que alguien os sugiera hacer una factura sin IVA, o que os venga la tentación de pedirla, la próxima vez que tengáis que contratar a alguien en vuestra empresa, etc. Pensad en ello.

Ya sabemos que hay personas que desde la administración de lo público meten mano en la caja, que se derrochan muchos recursos, que hay multinacionales que practican una refinada y legal elusión fiscal… Pero nosotros, los que queremos una sociedad cohesionada, solidaria, digna de ser dicha humana, no podemos caer en la trampa de ser como ellos.

Me alegro de vivir en una sociedad que apuesta por la redistribución de la riqueza. Con imperfecciones de todo tipo, de acuerdo. Pero por eso el caso de Martín es importante, porque en él no participó ningún mutua, ni concierto, ni copagos, ni nada de nada. El 99 % de la gente no se podría pagar de su bolsillo el coste de esta operación.

Termino. Y quiero hacerlo dando las gracias a todos, a todos los que habéis hecho posible, con vuestros impuestos, que se haya hecho todo y más para encontrar a Martí. Hasta siempre, Martí».

Cuántas historias como estas se podrían explicar cada día, desde ámbitos tan diferentes como la sanidad, la educación, las emergencias, la atención social, el transporte… Pues cuando hablamos de impuestos hablamos de seguir haciendo posibles todas estas historias.

Ciertamente la apuesta por una fiscalidad justa hoy no será posible si no nos dotamos de argumentos a la vez que articulamos movimientos de presión ciudadana, realizamos un intenso trabajo de pedagogía y educación en materia fiscal y, sobre todo, exigimos a los Estados y administraciones medidas valientes para liderar la apuesta global por una modelo fiscal justo. Será necesario, como otras veces en la historia, ir más allá de lo que es legal hoy y acercar la legalidad a lo que es legítimo y ético.

Notas

1. Camacho, Ildefonso (1989). ¿Pagar los impuestos…? Barcelona: Cristianisme i Justícia. Cuadernos, núm. 36.

2. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a afirmar que bajar impuestos era ser de izquierda. «Bajar los impuestos es de izquierdas». El País, 16 de mayo de 2003.

3. INE. Indicadores económicos y financieros.

4. Mateos, Oscar, Pérez Alcalá Gabriel - Fundación Foessa (2013). ¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas, 2013.

5. Conde-Ruiz, José Ignacio et al. (2017). Los ingresos públicos en España. Fedea Policy Papers, 10 de enero de 2017.

6. Alboan (2013). Política fiscal y Derechos Humanos. Octubre de 2013. Consulta a las organizaciones de la sociedad civil española.

7. Zubiri, Ignacio (2014). «Una evaluación del sistema fiscal español y las reformas necesarias». Razón y fe, 2014, t. 269, núm. 1384.

8. Quin sistema fiscal és just i viable en una conjuntura com l’actual? Tertulia organizada por Cristianisme i Justícia en febrero de 2012. Intervención de Maite Vilalta, profesora de Hacienda pública de la Universitat de Barcelona.

9. Naciones Unidas.

10. Stiglitz, Joseph E. (2012). El precio de la desigualdad: el 1 % de la población tiene lo que el 99 % necesita. Madrid: Taurus.

11. Capgemini y RBC Wealth Management (ed.) (2015). Informe Anual de la Riqueza en el Mundo.

12. El País según datos de la CNMV.

13. FMI (junio de 2015) Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective.

14. Este es al mismo tiempo un argumento que hay que tener en cuenta cuando se afirma en muchas ocasiones a la ligera que los inmigrantes o quien trabaja en la economía sumergida (no por capricho sino porque no tiene más remedio), no paga impuestos. Como mínimo paga los impuestos del IVA que se aplican al consumo que realiza. Existen numerosos que certifican que las personas migrantes aportan más de lo que reciben en ayudas sociales.

15. Informes anuales de recaudación tributaria de la AEAT.

16. López Laborda, J.; Marín, C.; Onrubia, J. (2016). «Observatorio sobre el Reparto de los impuestos entre los hogares españoles». Estudios sobre la Economía Española, 2016/21. Madrid: FEDEA.

17. Ibid.

18. Plataforma per una fiscalitat justa (mayo de 2014). «Fiscalitat justa. El cas a Catalunya».

19. Véase nota 2.

20. Véase nota 5.

21. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 de las AAPP.

22. Díaz, Carlos (UE); Onrubia, Jorge (UCM) (2014). «Inequidad horizontal en el IRPF dual español». Estudios sobre la economía española. Madrid: FEDEA.

23. Durán-Sindreu Buxadé, Antoni. (2016). Reflexiones y alternativas en torno a un modelo fiscal agotado. Real Academia Europea de Doctores, febrero del 2016.

24. Ibid.

25. Domínguez Barrero, Félix; López Laborda, Julio; Rodrigo Sauco, Fernando (2015). «“El hueco que deja el diablo”: Una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios». Revista de economía aplicada, núm 68.

26. Véase nota 5.

27. Egger, Peter; Nigai, Sergey; Strecker, Nora (mayo de 2016). The impact of globalization on tax structures in OECD countries. CEPR - Centre for Economic Policy Research.

28. Rodrik, Dani (2012). La paradoja de la globalización: democracia y el futuro de la economía mundial. Barcelona: Antoni Bosch Editor.

29. Ruud de Mooij, Sjef Ederveen (2001). Taxa-tion and Foreign Direct Investment: A Synthesis of Empirical Research. Munic: CESIfo Working Papers.

30. «Guindos ofrece bajos impuestos a los “big banks” de la City para traerlos a España». El Confidencial, 9 de diciembre de 2016.

31. GESTHA- URV (2014). La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis.

32. Zucman, Gabriel (2014). La riqueza oculta de las naciones. Barcelona: Ediciones Pasado y Presente.

33. Alstadsæter, Annette (Norwegian University of Life Sciences); Johannesen, Niels (University of Copenhagen); Zucman, Gabriel (UC Berkeley and NBER) (2017). Tax Evasion and Inequality, 28 de mayo de 2017.

34. Macías, Iñigo (2015). «Las termitas fiscales que saquean el continente africano». Africaye.org,, 15 de junio de 2015.

35. European Comission (2016). Tax good gover-nance in the world as seen by EU countries.

36. Oxfam Intermon (marzo del 2015). La ilusión fiscal.

37. Día de acción global por la abolición de los paraísos fiscales. (Manifest)

38. Resulta escandaloso ver con qué facilidad se anuncian ofertas para la creación de empresas en países considerados paraísos fiscales. Una muestra: www.paraisos-fiscales.org/

39. EURODAD (European Network on debt and developement) (2014). Hidden Profits: The EU’s role in supporting an unjust global tax system.

40. Todos estos casos han sido investigados y descritos por el periodista Marc Font: «Deu transnacionals que utilitzen l’Estat espanyol com un paradís fiscal», El Crític, 28 de enero de 2015.

41. Una explicación detallada y exhaustiva de la evolución histórica de la ética fiscal se encuentra en Higuera Udías, Gonzalo, s.j. (1982). Ética fiscal. Madrid: BAC.

42. Baròmetre del CIS. 20 de julio de 2016.

43. Entrevista a Thomas Piketty. (I): «La desigualdad y los peligros del capitalismos patrimonial».

44. Ibíd.

45. Sloterdijk, Peter (2014). Fiscalidad voluntaria y responsabilidad ciudadana. Madrid: Siruela.

46. Véase nota 43.

47. Zizek, Slavoj (2016). Problemas en el paraíso. Del fin de la historia al fin del capitalismo. Barcelona: Anagrama.

48. Entrevista a Thomas Piketty (II): «La fiscalitat justa, centre del conflicte polític».

49. Diputación Foral de Gipuzkoa (2015). Nuevas propuestas para la tributación de la riqueza en Europa.

50. Fuertes Esteban, Antonio (15 de octubre de 2014). «La Tasa Tobin y la Res Publica». ATTAC.

51. Comisión Europea. Taxation of the finantial sector (consultado el 26 de mayo de 2017).

52. Tax Administration 2015. Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies.

53. Véase Zonas libres de paraísos fiscales.

Cuestiones para la reflexión

El cuaderno describe dos modelos de sociedad, uno basado solamente en la responsabilidad individual y el otro en la responsabilidad colectiva. ¿Qué ventajas, límites e inconvenientes encuentras en cada uno de ellos? ¿Qué dificultades observas a tu alrededor para apoyar hoy proyectos de responsabilidad colectiva?

Todos tenemos experiencia en pagar impuestos pero quizás no somos muy conscientes de ello. ¿Sabes cuántos impuestos has pagado el último año? ¿Y cuanto representan sobre el total de tus ingresos, patrimonio o consumo?

Asimismo, tampoco somos demasiado conscientes del coste de los servicios públicos que utilizamos. Repasa tu día a día y pregúntate: ¿cuántas de las cosas que hoy has hecho han sido posibles gracias a algún servicio público? ¿Sabes cuál es su coste real? ¿Eras consciente de ello antes de hacer esta reflexión?

A lo largo del cuaderno se habla de diferentes impuestos: sobre el trabajo, sobre el capital, sobre el consumo, sobre el patrimonio, sobre las herencias, etc. ¿Te parecen que todos son igualmente justificables? ¿Cuáles crees que responden más a criterios de solidaridad? ¿Cuáles menos?

La lucha por una fiscalidad justa hoy pasa por una presión ciudadana fuerte que reclame acabar con los paraísos fiscales o más coordinación fiscal a nivel global. Sin embargo, a veces, esta es una demanda abstracta lejos de nuestras implicaciones diarias. ¿Te has planteado vincularte a algún movimiento de justicia fiscal o de lucha contra las desigualdades de tu territorio? Quizá puedes empezar impulsando en tu municipio la campaña “Zonas Libres de Paraísos Fiscales”. Entra en http://www.oxfamintermon.org/minisites/zonaslibres e infórmate.

Recuerda una historia como la de Martí que nos ayude a hacer pedagogía de la importancia de una fiscalidad justa. Escríbela, envíala a info@fespinal.com y la publicaremos en nuestro blog.